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Opositores denuncian plan político de la Contraloría #Lara

Lara | 11:28am | | Yliana Brett

REDACCIÓN ELINFORMADOR/Alirio Laclé.- El dirigente del “Foro de la Verdad”, Jorge Eliécer Rondón, res- palda las decisiones propias y autónomas de la CGR contra funcionarios públicos, establecidas en la leyes desde hace muchos años. “Se trata de decisiones garantistas, donde la persona sancionada tiene el derecho de recurrir a las instancias administrativas y judiciales con recursos de apelación, en un plazo de 15 días, luego de haber sido notificada”. Asegura Rondón que se le quiere dar un matiz político a una decisión eminentemente administrativa, que sanciona la responsabilidad legal y moral. El candidato a diputado a la Asamblea Nacional por el Circuito 1, Rubén Morales, dijo que la CGR actúa como una dependencia de Miraflores y recibe instrucciones del PSUV.

“Los partidos políticos están tan débiles que no han sido capaces de enfrentar las arbitrariedades y abusos de un régimen con tendencias autocráticas y militaristas”. Además, el presidente del FAVP cuestiona la actuación sesgada de la CGR que niega, por ejemplo, “las investigaciones a la exalcaldesa de Iribarren, Amalia Sáez, a quien piensan incorporar como candidata a diputada del PSUV; a Yanis Agüero, quien ha manejado miles de millones a través de Fundacomunal”.

Morales pregunta: ¿Por qué la Contraloría no inhabilita al general Hugo “El Pollo” Carvajal, señalado por Marea Socialista como uno de los líderes del cartel de Los Soles; al general Manuel Barroso, acusado por el exministro Gorge Giordani por presuntas irregularidades en la entrega de divisas de CADIVI; al ministro Elías Jaua por sus colitas a Brasil en aviones de PDVSA; por qué no sancionan a Fidel Magroñeno, del programa Zurda Konducta; a Nestor León Heredia, hermano del gobernador de Yaracuy, a quien Hugo Chávez destituyó por presuntamente favorecer a los perros de la guerra?

En Lara la CGR debe sancionar a los diputados Orlando Miranda y Luis Contreras, sobre quienes también existen sanciones por malos manejos administrativos. ¿Por qué la Contraloría no investiga ni sanciona a Jorge González, expresidente de Hidrolara, Enmohca y del Sistema Hidráu- lico Yacambú, obra sobre la que existen denuncias del manejo irregular de 1.500 millones de dólares?”, cita Morales.

Por su parte, la directora de la ONG Dignidad y Cambio, Marisol Bustamante, asegura que la impunidad es promovida desde el alto gobierno. Argumenta que las inhabilitaciones a diri gentes de la oposición obedecen a un plan político, por no haber causales jurídicas contra quie- nes generan opinión pública. “El oficialismo actúa con retaliación contra la dirigencia opositora por temor a perder la mayoría en la Asamblea Nacional, esto pasa por las condiciones desfavorables hacia su ineficiente gestión”, expresa Bustamante.

Un derecho constitucional
“El defensor del Pueblo debe notificarle al CNE que los dirigentes de la unidad democrática sancionados por la CGR disponen de las debidas garantías consti- tucionales y del debido proceso para su defensa, por lo tanto tienen un derecho.

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