Impreso
Aprobado informe para la segunda discusión de la reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República

Nacionales | 7:35pm | | Maria Fernanda Torres

REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE.- El Presidente de la Comisión de Contraloría, Diputado Freddy Guevara, indicó que la reforma propuesta se centra en cuatro aspectos fundamentales: el fortalecimiento del sistema nacional de control fiscal y de los órganos que lo integran; la garantía de autonomía de las contralorías estadales, distritales y municipales respecto de la Contraloría General de la República; la adaptación del texto a los estándares de derechos políticos establecidos en la Constitución Nacional; y la adecuación de la legislación interna a las obligaciones internacionales contraídas por la República en los tratados suscritos y ratificados en materia contra la corrupción y la introducción de nuevos supuestos sancionatorios, entre los que resaltan los relativos al conflicto de interés, incorporado por primera vez en el ordenamiento jurídico venezolano.

 

Con respecto a las inhabilitaciones políticas, Guevara explicó que el texto propuesto plantea que estas sanciones estén restringidas únicamente a funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoción, con lo que se suprime la potestad del Contralor General de la República de acordar inhabilitaciones para la postulación, elección y ejercicio a cargos de elección popular.

 

“Las inhabilitaciones deben ser para castigar la comisión de delitos de corrupción por parte de funcionarios públicos a todo nivel, y no para ser utilizado como arma para la retaliación política y el pase de factura a funcionarios o candidatos contrarios a los intereses del gobierno. Debemos poner fin a la política perversa empleada por este régimen de inhabilitar a adversarios políticos por temor a ser derrotado en procesos electorales”, subrayó Guevara.

 

El Diputado detalló que la propuesta de reforma establece que los funcionarios de elección popular solo puedan ser inhabilitados previa sentencia judicial penal y firme, dictada por el Poder Judicial, y en concreto, un tribunal penal competente, tal como lo establece la Constitución en sus artículos 65 y 42.

 

Acerca del conflicto de intereses, la reforma propuesta por la Comisión de Contraloría establece regulaciones para evitar hechos que favorezcan irregularidades administrativas, tales como el nepotismo; la prestación de servicios personales por parte de quienes hayan sido titulares de los órganos de control fiscal a aquellos entes que estuvieran bajo su control dentro de los cinco años siguientes a su cesación en el ejercicio de dicho cargo; y el empleo de bienes públicos para la promoción de una gestión, de organizaciones con fines políticos o de grupos de electores.

 

Guevara anunció que el informe aprobado por la Comisión de Contraloría ya fue consignado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, con la finalidad de que la próxima semana se realice la segunda discusión en la plenaria del Poder Legislativo.

Nota de prensa.

Instagram