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AN determinó responsabilidad por corrupción en complejo Yacambú-Quíbor

Nacionales | 11:10am | | Andrés Araya

REDACCIÓNELINFORMADOR.COM.VE.- Alirio Laclé

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, después de haber procesado las denuncias formuladas en el año 2011, declaró la responsabilidad política de los funcionarios responsables de las presuntas irregularidades y hechos de corrupción en el manejo de 2.500 millones de dólares del Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor (SHYQ), obra de gran importancia para la región que se encuentra paralizada desde hace tres años.

LA DENUNCIA 

 Hace cinco años los diputados de la MUD Lara: Guillermo Palacios, Alfredo Ramos, Eduardo Gómez Sigala, Edgar Zambrano, Biaggio Pilieri y Andrés Avelino Álvarez, denunciaron las irregularidades y hechos delictivos ante la AN, la Contraloría y la Fiscalía General de la República. Los daños al patrimonio del Estado superan los 2.500 millones de dólares.

El diputado Guillermo Palacios, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, informó que la comisión de contraloría decidió declarar la responsabilidad política del exgobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, Yubiri Ortega, exministra del Ambiente; Jorge González González, expresidente de las empresas SHYQ y Enmohca; Landys Navarro, presidente y Rafael Álvarez Fonseca, exfuncionario del SHYQ, por la comisión de hechos ilícitos administrativos cometidos en la ejecución de los recursos asignados para la culminación de la represa.
“La Comisión verificó que hubo corrupción, licitaciones amañadas, malversación de fondos, delincuencia organizada, legitimación de capitales, nominas paralelas de personas que no trabajaban pero cobraban, fortalecimiento de grupos empresariales a través de la contratación de obras y servicios, enriquecimiento ilícito y operaciones triangulares de empresas para beneficio personal”.
La AN acordó solicitar las investigaciones penales ante la Fiscalía General de la República y las administrativas correspondientes, exigirle al Gobierno Nacional que destine los recursos necesarios para concluir esta obra que es de gran importancia para el país en el menor tiempo posible.
Pedimos que destituyan a los funcionarios responsables de estos hechos y tomen las medidas necesarias para que se le cancele a las familias descendientes de etnias indígenas sus derechos ancestrales y a los trabajadores cesanteados se les termine de cancelar sus indemnizaciones.
Igualmente, se acordó solicitarle al defensor del Pueblo que realice todas las diligencias para que se protejan los derechos de los ciudadanos que han sido violentados, a causa de la comisión de hechos irregulares que dieron origen a la paralización de la obra represa Yacambú Quíbor; procurar que se satisfagan los derechos ancestrales de las familias de ascendencia indígena que estaban asentadas en el área de inundación de la represa e igualmente de trabajadores que quedaron cesantes y aún no se les ha cancelado en su totalidad sus reivindicaciones laborales. Pedimos a la directiva del Parlamento que se incluya lo más rápido posible este caso en la plenaria, declaró el diputado Palacios.

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