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Más de 100 sentencias acumula el TSJ contra derechos de los venezolanos

Nacionales | 11:19am | | Wendy Lucena

REDACCIÓNELINFORMADOR.COM.VE-El Memorial de Agravios que acaba de publicar la Red Justicia, alianza conformada por las organizaciones de la sociedad civil Acceso a la Justicia, Invesp, Espacio Público, Ipys Venezuela, Cepaz, Provea, Sinergia y Transparencia Venezuela, analiza más de 100 decisiones del Poder Judicial que han desconocido derechos fundamentales de los venezolanos por ajustarse a los designios del Poder Ejecutivo.

“La necesidad de crear esta alianza y hacer el trabajo de investigación surgió de los recientes criterios emanados del Tribunal Supremo de Justicia, los cuales se encuentran tan alejados de la justicia, equidad, imparcialidad y de los verdaderos intereses de la sociedad, que originaron en nuestras organizaciones el deber de demostrar el daño irreparable que éstas están ocasionando en la vida, salud, vivienda y los restantes derechos humanos de los venezolanos solo para complacer o mantener a quienes hoy están en el Poder”, señala Mildred Rojas, de Transparencia Venezuela.

Beatriz Borges, de la ONG Cepaz, complementó “El uso de la justicia por parte del Gobierno no estaba siendo conocido en su justa dimensión, así que la Red Justicia está registrando para la historia lo que este TSJ está haciendo con la democracia venezolana. Será la caja negra del actual desastre nacional”.
El trabajo inicia con el detalle de las irregularidades en el procedimiento de elección y designación de los magistrados del TSJ; recoge señalamientos de éstos en medios de comunicación que evidencian su parcialidad política e ideológica y sigue con las consecuencias que sus decisiones han tenido en los derechos de los venezolanos e institucionalidad del país.

El memorial finaliza con el conjunto de recomendaciones de órganos internacionales realizadas al Estado Venezolano en lo que respecta al derecho al acceso a la justicia. De manera resumida, los documentos emanados del sistema de protección interamericano de derechos humanos establecen como recomendación la necesidad de “garantizar de manera efectiva la separación e independencia de los poderes públicos y, en particular, adoptar medidas urgentes para asegurar la independencia del poder judicial, fortaleciendo los procedimientos de nombramiento y remoción de jueces y fiscales, afirmando su estabilidad en el cargo y eliminando la situación de provisionalidad en que se encuentra la gran mayoría de jueces y fiscales”.

El informe Memorial de Agravios del Poder Judicial se presentó públicamente este 9 de diciembre con presencia de todas las organizaciones que conforman la Red Justicia. En el evento, Alí Daniels de la ONG Acceso a la Justicia, recordó que 77% del grupo de magistrados que fue electo en diciembre 2015 no cumple los requisitos que establece el cargo. “Gracias a que no se respetaron los criterios de idoneidad profesional pero tampoco moral, es que tenemos hoy en día un magistrado con dos juicios por homicidio”, sentenció.

Maruja Dagnino y Amado Vivas, de Ipys Venezuela y Espacio Público, respectivamente, señalaron que el uso que hace el Gobierno del aparato judicial es la principal amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información pública de todos los ciudadanos y detallaron que las formas más comúnmente usadas por la justicia para causar censura y autocensura son las multas a medios críticos al Estado, control de papel periódico, medidas cautelares para censurar temas de interés, prohibición de difundir informaciones bajo el pretexto de proteger a los niños, falta de celeridad sobre denuncias de agresiones a periodistas y prohibiciones judiciales de informar sobre funcionarios públicos.

El derecho a la manifestación pública es otra víctima del sistema de justicia según lo explicó Francine Jacome de Invesp, quien recordó el caso de la decisión del TSJ que, luego de 17 meses, declaró improcedente un recurso de nulidad interpuesto contra el decreto 8610 del Ministerio de la Defensa que permitió, contraviniendo el artículo 68 de la Constitución Nacional, el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas.

Lorena Liendo de Sinergia demostró que la actuación del poder judicial contra los derechos de asociación y participación tiene al menos 16 años pero se agudizó a partir de 2010 cuando se aprobó la Ley de Soberanía y Autodeterminación Nacional, y Provea, en la voz de Inti Rodríguez, sentenció, que el Tribunal Supremo de Justicia está extinguiendo el Estado de Derecho en Venezuela, poniendo por encima de los derechos ciudadanos, los del Gobierno.

El próximo reto de la Red de Justicia es unir esfuerzos para continuar los trabajos de investigación relacionados con la falta de independencia de los poderes públicos y su impacto en la sociedad; y, sobre la base de ese diagnóstico, proponer la reforma del actual sistema de justicia y recuperar la institucionalidad del país y la confianza de los venezolanos.

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Con información de nota de prensa

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