REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE/AIXA A. ALONZO A.-  “34  años de trabajo y sacrificio me costó adquirir mi casa y ahora mis hijos y yo estamos en la calle. Somos víctimas de atropello y violación de nuestros derechos por un grupo que quiere apropiarse de mi único bien”.

Es el relato resumido de un proceso que Candelaria Angulo inició en 2002 cuando alquiló su casa, ubicada en la carrera 27 esquina calle 19. A partir del cuarto mes los inquilinos dejaron de pagar el arrendamiento a la vez que alojaban a otros allegados en el inmueble.

Angulo recuerda que solicitó en 2004 que le entregaran su propiedad, pero en ese momento las puertas de su casa se cerraron para ella. “Como no me recibían les di plazo prudencial para que desocuparan”. En 2005 decidió demandar.

Ocho órdenes de desalojo se les ha dictado -desde 2008- el Tribunal Cuarto de Ejecución de Lara, sólo cuatro de ellas se activaron, pero fue infructuoso. Angulo teme que con las nuevas leyes en la materia perjudiquen más a los arrendatarios, pero será paciente y espera recuperar su vivienda.

Exhorta a los propietarios de inmuebles en similares condiciones a organizarse y buscar la asesoría necesaria para continuar los procedimientos, pese a que el desalojo esté prohibido.

En ese sentido, Sorelys Rosales, coordinadora del Movimiento Contralor por la Vivienda y la Vida (Movida) expresó que debe haber un equilibro entre inquilino y propietario. Comentó que no está de acuerdo cuando el dueño de la vivienda quiere desalojar al inquilino porque tiene la vivienda en mal estado o retraso con el pago del alquiler y no puede hacerlo por el decreto que está en vigencia.

Expresa que es necesario evitar el congelamiento de los alquileres porque debido a ello los propietarios hacen contratos de seis meses y luego de vencerse desalojan a las personas para alquilar a otros a un precio más elevado.

Con relación al tema, Euclides Sebastiani, abogado en materia inmobiliaria, comentó que la congelación de alquileres no se compagina con la inflación actual y por ello es necesario eliminarlo, porque en muchos casos el alquiler de una propiedad es el único ingreso conque cuentan, incluso adultos mayores, que cuentan con ese dinero para vivir.

Destacó que el artículo siete del referido Decreto-Ley establece que en audiencia conciliatoria el funcionario competente procederá a citar a la otra parte, para que comparezca acompañada de un abogado y se efectuará en un plazo no menor de 10 días hábiles ni mayor de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la citación. Si dicha parte manifestara no tener abogado, o no compareciere dentro del plazo indicado, el funcionario actuante tendrá que extender la citación a la Defensoría especializada en materia de protección del derecho a la vivienda y suspenderá el curso del procedimiento hasta la comparecencia del defensor designado, oportunidad en la cual fijará la fecha de la audiencia conciliatoria, notificando debidamente a todos los interesados.

Muchos propietarios de vivienda aumentan sólo “gastos administrativos” y mantienen el canon de arrendamiento en el mismo precio, pero en la mayoría de los casos esos “gastos administrativos” duplican el alquiler, cuestiona Sorekys Rosales.