REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE/MILAGROS GUTIÉRREZ.- Sólo tres meses duran las personas con discapacidad contratadas en empresas públicas o privadas, lo cual refleja una vez más que la igualdad de condición en la inserción laboral es una obligación incumplida.

Mayelis Pérez, presidenta del Consejo de Atención para las Personas con Discapacidad en Lara (Ceapdis), sostuvo que en algunas empresas de la entidad larense, se ven irregularidades en la contratación de personas con condiciones limitadas.

"Tenemos problemas con algunas compañías que no les ronovan los contratos a las personas con discapacidad después de tres meses de trabajo".

Comentó que muchas veces estos individuos se sienten discriminados dentro de la misma empresa. "Puede que sea por falta de autoestima o que no se adaptan al clima laboral, pero en otras ocasiones influye que no se les da las condiciones necesarias para trabajar".

55 Empresas han sido supervisadas por el Ceapdis en 2011. La falta de logística dificulta el control del derecho a la inserción laboral.

A este problema se suma las empresas que aún no cumplen con el artículo 197 de la Ley para Personas con Discapacidad el cual expone que: Las instituciones nacionales, estadales, municipales y parroquiales, así como las empresas públicas, privadas o mixtas, deberán incorporar a sus planteles de trabajo no menos de un cinco por ciento (5 %) de personas con discapacidad permanente, de su nómina total, sean ellos ejecutivos, empleados u obreros.

Asimismo existen compañías que quedan en mora con este colectivo pues los someten a todas las pruebas correspondientes para la asignación del cargo y al final no les dan respuesta alguna de su calificación.

Estas irregularidades deben ser supervisadas por el Ceapdis, que como órgano estadal, enviará los informes al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), para que aplique las sanciones correspondientes a las empresas que incumplan con las condiciones de la inserción.

En la entidad larense las sanciones son prácticamente nulas pues "falta presencia y atención del Conapdis, aún cuando es el único ente encargado para sancionar", según Pérez.

Comentó que la Ley establece que en cada municipio debe haber una oficina municipal del Consejo Nacional.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Lara existen 78 empresas donde se ubican 197 personas con discapacidad, de las cuales 55 compañías fueron visitadas por el Ceapdis que logró la inserción de 85 individuos.

La poca supervisión del Consejo Estadal para la inclusión de personas con condiciones limitadas se debe a que no cuentan con la logística necesaria.

"No tenemos todo el personal ni recursos como vehículos para supervisar".

SENSACIONES
El artículo 82 de la Ley para Personas con Discapacidad expone que las instituciones nacionales, estadales, municipales y parroquiales, así como las empresas públicas, privadas o mixtas que infrinjan el artículo 27, serán sancionados con multa de 50 a 500 UT.