GABRIELA MARTÍN.- El pasado mes de marzo entró en vigencia, según Gaceta Oficial número 39.320, la Ley para la Prohibición de videos y juegos bélicos. A partir de ese momento la atención de las autoridades se vertió sobre los cybers que rentaban equipos informáticos capaces de emular situaciones de guerra. El municipio Palavecino no se quedó atrás, mucho antes de que en la Asamblea Nacional se pronunciara sobre este tema, los nueve miembros del Concejo Municipal discutían la ordenanza que pondría coto a los videojuegos sangrientos e inclusive la venta de armas de fuego tipo facsímil. La trampa Sin embargo, casi paralelo al surgimiento de las normativas nacen las vías y maneras de violentarlas. José Gregorio Rodríguez, director del Consejo Estadal de Derechos del Niño y del Adolescente (CEDNA) en Palavecino, narró que han detectado dos cybers ‘clandestinos’ que ofrecen juegos virtuales con un alto contenido de violencia. El encargado del CEDNA narró, que gracias a labores de investigación, en pro de hacer cumplir las leyes contra los juegos violentos, se han topado con dos centros de navegación que a simple vista aparentan no infringen las normas, pero poseen instalaciones especiales, tipo cubículos o salas ocultas, en los que rentan máquinas con acceso videojuegos agresivos. Investigación Rodríguez se negó a dar la ubicación de ambas salas de navegación debido a que sobre las mismas se adelanta un proceso administrativo e investigación, pero develó que uno de los cybers cerró sus puertas tras quedar al descubierto. Los defensores de las leyes contra juegos bélicos se amparan en los estudios del comportamiento humano que señalan que este tipo de imágenes afectan negativamente la manera de interactuar de los jóvenes. Sin embargo, el encargado de un cyber, que prefirió mantenerse en el anonimato, agregó que nada hacen con amonestar a los establecimientos si en casi cualquier esquina del centro de Cabudare los muchachos pueden adquirir, a muy bajo costo, duplicados de juegos como ‘Call Dutty’ o ‘Counter Strike’. La Ley para la Prohibición de videos y juegos bélicos establece multas que van de 2.000 a 5.000 Unidades Tributarias, así como de dos a cinco años de cárcel para aquellos que reincidan en la importación, fabricación, distribución, venta, renta y uso de este tipo de videojuegos.