ALIRIO LACLE.- El presidente del Instituto de Formación y Previsión Social de los concejales y miembros de las juntas parroquiales, (Inforpres) César Dorta, afirma que la Contraloría General de la República atropella a los concejales, desconociendo sus derechos como funcionarios públicos, beneficios que disfrutan todos los legisladores nacionales como regionales. Agrega que se les desconoce a los ediles su derecho a la seguridad social, el bono vacacional, porque según la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 174 establece que el concejal es un funcionario más. La función legislativa corresponde al Concejo Municipal. No hay vacío legal Hay una ley muy innova-dora -señala Dorta- que establece los emolumentos para altos funcionarios de los estados y municipios. “Los contralores de la República se han negado a conocer la investidura de los concejos municipales; no creo que haya un vacío legal, sino una mala interpretación y persecución, porque un joven de sexto grado que se lea la ley puede establecer claramente los alcances de la norma”. Además, “la misma Ley Anticorrupción establece que los concejales son funcionarios para meterlos presos si incurren en hechos irregulares, pero no se les toma en consideración para reconocerles sus beneficios”. El presidente del Inforpres, organización con 15 años de fundada, anunció que en el año 2006 se introdujo un recurso de interpretación del artículo 2 de la Ley de Emolumentos, publicado el año 2002, que le dicte al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un carácter de legalidad a los beneficios, pero el máximo tribunal del país se ha dormido en sus laureles y no responde. Los concejales tienen derecho a un bono vacacional y de fin de año, puntualizó César Dorta.

Los legisladores del estado Aragua interpusieron un recurso de interpretación que salió a favor de ellos, aplicable para todos los allí establecidos, incluyendo a los miembros de las juntas parroquiales.