JAILIN GUTIÉRREZ / NATTY COLMENARES.- Casi en paralelo, funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) atravesaban la reja de los centrales azucareros de Santa Clara, en Yaracuy; y Santa Elena, de Portuguesa. En el primero de los casos, los funcionarios del instituto regulador iban acompañados por efectivos de la GN y el presidente del Poder Legislativo de la localidad, Henrys Mogollón. Mientras tanto, la supervisión en la entidad llanera tenía una combinación algo más apabullante, asistieron integrantes de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), el gobernador Wilmar Castro Soteldo, el alcalde de Agua Blanca y el ministro del Poder Popular para el Comercio, Richard Canán. A la final, ambas fábricas fueron tomadas temporalmente por el Gobierno.

Acaparamiento
En el caso del Central Santa Elena, el ministro Canán señaló que la medida de ocupación temporal fue dictaminada tras corroborar que existía acaparamiento del rubro.
"Hemos encontrado en los galpones y en los depósitos de esta central más de cuatro mil toneladas de azúcar. 80 mil sacos, que deberían estar en los centros de distribución, en las empaquetadoras o anaqueles de los establecimientos comerciales", detalló el mayor representante de la cartera de Comercio.
Además, indicó el ministro que dentro de la azucarera se estarían suscitando otras irregularidades. Existen fallas en el pago del personal, con controles de seguridad industrial y descarga de aguas con bagazos o residuos a una finca adyacente, explicó Canán.

Producción
En el caso de Yaracuy, la medida se dio por la baja producción del central. Yolimar Vanegas, coordinadora estadal del Indepabis, explicó que han recibido numerosas denuncias, tanto de trabajadores como de cañicultores, que señalan que la azucarera no trabaja al 100%.
Resaltó la coordinadora del Indepabis que las denuncias eran ciertas. La caña de azúcar no era procesada. Por ende, decidieron aplicar la medida de ocupación temporal de las instalaciones del Central Santa Clara, por parte del Ejecutivo nacional. La medida será por un lapso no menos a los 90 días, tiempo prudente para que los dueños de la empresa se pongan a derecho y entreguen las documentaciones y pruebas exigidas por la ley, explicó la funcionaria.

Henrys Mogollón, presidente del CLEY, señaló que "por lo menos 70% de los cañicultores, que anteriormente arrimaban la caña en Santa Clara, se encuentran en la ruina, debido a que pierden la producción a las afueras de la empresa, mientras esperan que sea recibida y procesada. Los dueños prefieren trabajar con la materia prima que se transporta de otros lugares nacionales e internacionales, que recibir la de los yaracuyanos”, dijo Mogollón.