REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE.-  En 1979 los centros formadores de ingenieros de Barquisimeto, Caracas y Puerto Ordaz se fusionaron para dar paso a la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre.

Todo un hecho histórico ocurriría apenas dos meses después de aquel decreto de creación pues el nuevo presidente revocaría la decisión de fusionar los politécnicos y elevarlos a universidad, cometiéndose una gran injusticia en un procedimiento plagado de irregularidades, tal cual lo recuerda Anibal Perales, uno de los abogados que formó parte del equipo de defensores jurídicos de la UNEXPO, quien de la mano de los doctores Augusto Matheus Pinto y Alfredo Ducharne, se dedicó al caso hasta lograr la ansiada restitución, reseña nota de prensa.

Perales recuerda de aquellas luchas que fundamentaron la acción de nulidad contra el Decreto Ejecutivo revocatorio –principalmente- la “incompetencia” del Presidente de la República, de aquel entonces, para su dictamen, atendiendo específicamente que la Universidad fue creada en el 20 de febrero de 1979 y el decreto de  revocación fue fechado el 5 de abril del mismo año.

“El fundamento del acto del Ejecutivo descansaba en un falso supuesto de hecho y de derecho, y  se incurrió con el acto revocatorio en una evidente desviación de poder. Sobre las bases de las denuncias aludidas se construyó la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de justicia que restituyó a la UNEXPO”, expone el abogado.

Además señaló que como parte de la defensa de aquel entonces, alegaron la incompetencia del Ejecutivo Nacional para convertirse en contralor de los actos emanados del Consejo Nacional de Universidades.

Perales explicó que sin lugar a dudas, la restitución de condición de universidad a los institutos politécnicos fusionados, impactaba de manera positiva tanto en los estudiantes como en sus trabajadores, de ahí que se haya radicalizado la lucha.

“Resulta obvio que al elevarse la graduación de las instituciones que imparten educación al nivel universitario, se está produciendo la posibilidad de obtener una formación académica de mayor calidad, lo cual arrastra por vía de consecuencia un beneficio para los trabajadores al servicio de la institución universitaria, al colocarlos en un estatus superior de remuneración y condiciones laborales ”, manifiesta Perales.

Al consultar al abogado de dilatada trayectoria acerca de la posibilidad de desarrollar una reforma al reglamento de la UNEXPO, vigente desde 1994 indicó con firmeza que existen factores que dificultan la revisión de los documentos legales de las casas de estudios superiores del país.

“La delicada situación en que el Gobierno Nacional ha colocado las instituciones universitarias, al desconocerse principios constitucionales ineludibles, impiden abordar la tarea de mejoramiento, adecuación o revisión reglamentaria", expuso.