El Presidente y su Gabinete en reiteradas oportunidades señalaron: Que Venezuela estaba blindada contra la crisis económica mundial. Que la mejoría en la economía del país era producto de las políticas diseñadas por el Gobierno. Que a través de las políticas alimentarias implementadas por el proceso bolivariano y revolucionario se estaba alcanzando la meta del “hambre cero”. Que los venezolanos vivíamos muy bien.

El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, informó meses atrás que se está activando la economía en muchos sectores, que para el segundo trimestre del año los datos mostraban mejoría en la economía, que la inflación terminará este año por debajo de 30%, y que los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para julio ya marcaban el quiebre de la tendencia alcista que se registró en los últimos meses.

Si la economía del país y los venezolanos estamos tan bien ¿por qué sacar una cédula del buen vivir? .
De acuerdo con la información suministrada por algunos personeros del Gobierno, incluyendo al Presidente, dicha cédula está orientada a los clientes con cuenta nómina únicamente del Banco de Venezuela, Banco Bicentenario y Banco del Tesoro, para que puedan adquirir productos alimenticios, línea blanca y marrón en los Biceabastos, así como paquetes turísticos en el territorio nacional, a una tasa de interés más baja que la del mercado y a un plazo de 24 meses.

Un instrumento bancario, que no es más que una tarjeta de crédito como la que surgió en los Estados Unidos, en el imperio, en 1914 cuando la Western Union emitió la primera tarjeta, pero en particular a sus clientes preferenciales.
Con ella se está reconociendo que el salario de los venezolanos no alcanza para satisfacer sus necesidades y por lo tanto se les da crédito, lo que generará endeudamiento.

Es necesario agregar que esta tarjeta es discriminatoria y condiciona el consumo. Sólo podrán tenerla los empleados públicos que tengan cuenta en los bancos autorizados y las compras sólo podrán hacerse en los comercios del Estado. Además, ¿quién determinará cuál es el consumo necesario y justo que debemos tener los venezolanos? Estas limitantes violan el derecho constitucional de toda persona a disponer de bienes y servicios de calidad y a su elección. Más que una política social, esto parece más bien un anuncio electoral… Hasta la vista…

Guillermo Palacios