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Guillermo Palacios

Columnas

Ley de Hacienda Pública

Por Guillermo Palacios
gpalcas@yahoo.es

Con sorpresa leí unas declaraciones del gobernador Henri Falcón en días recientes en donde señalaba, entre otras cosas, que la Asamblea Nacional tiene una mora de ocho años para dictar la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal. No sé si las mismas las emite para empezar a reclamarle al Gobierno nacional los recursos que le corresponden al estado Lara o para que los opositores sigan creyendo que tiene serias diferencias con Chávez. Lo cierto es que el mandatario pepetista se viene a dar cuenta ahora, después de todos estos años, que esta ley no ha entrado en vigencia.
Sobre esta materia escribí en el año 2004 lo siguiente: "El proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal preparado para la segunda discusión adolece de una serie de fallas en relación con los principios sobre los cuales descansa el proceso de descentralización. Hay puntos que deben corresponderse con las disposiciones constitucionales en materia de federalismo fiscal, que no es otra cosa que tratar de que el Gobierno cumpla mejor sus funciones de provisión de servicios públicos y el reparto equitativo de la riqueza, roles que deben ser compatibles con la estabilización macroeconómica y la participación constructiva.
Ojalá, de aprobarse este proyecto de ley como fue presentado para la segunda discusión, no se convierta en mera ilusión o en un espejismo para las regiones, que es lo que presentimos tratan de forjar con la mora que se tiene en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales transitorias y el reclamo de las regiones para obtener mayor participación en la riqueza nacional".
Señor gobernador: Coincidimos en que esta Ley debe ser sancionada para otorgarle más fuerza y poder a los estados, municipios y al poder popular en el proceso de descentralización que constitucionalmente está garantizado y que ha sido abortado por el Gobierno nacional. Sin embargo, usted debe saberlo, este proyecto aprobado en segunda discusión con nuestro voto salvado, fue vetado por el Presidente de la República, engavetado en la Comisión de Finanzas y muerto por no convenir a la revolución.
Esta situación nos obligó a intentar ante la Sala Constitucional del TSJ un recurso de inconstitucionalidad por omisión en contra de la Asamblea Nacional por no haber dictado oportunamente esta ley. Esperamos que Henri Falcón se adhiera.

Guillermo Palacios

Tags Opinión Columnas

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