REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE.- El plan, que comenzó el pasado 11 de enero en varias cárceles del país, es ejecutado por representantes del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, entre otros.

Pese a los avances del programa, Bracca explicó que algunos internos "han impedido que otros privados de libertad puedan ser atendidos por los tribunales, tanto los que están instalados en Uribana, como los que tienen su sede en el Palacio de Justicia".

Agregó que a pesar de la situación "las otras instancias de este programa especial contra lo retardos procesales sigue trabajando, para poder aligerar decisiones relacionados con beneficios, según lo que establezca la ley".

En ese sentido indicó que "el plan se ha estado desarrollando rápido y con satisfacción, lo que ha permitido la salida de 28 internos por beneficios. Estamos conversando con los que se resisten para que desistan en su actitud y poder aligerar el proceso", refiere AVN.

Indicó que, pese a la situación, las visitas de familiares se realizan con normalidad en el centro penitenciario, donde hay dos mil 765 internos y 168 internas a quienes se les revisa su expediente.

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