REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE.- “Señalamos que no somos responsables de los procedimientos y productos utilizados por el fabricante PIP (…) y, por lo tanto, no somos ni podemos ser responsables por las consecuencias derivadas de los defectos de fábrica de unos productos certificados por las autoridades sanitarias francesas”, indicaron las empresas en un comunicado difundido hoy en medios locales.

Las empresas Galaxia Medica, Locatel y Farmacias Locatel, Multindustrias Médicas Meltimed, Locatel Servicios y Locatel Franquicia se pronunciaron por primera vez tras ser demandadas en un recurso de amparo presentado el pasado 6 de enero, refiere EFE.

El pronunciamiento se produce además después de que el pasado día 1 un tribunal de Caracas celebrara la audiencia del caso sin la presencia de la acusación.

Según el abogado de las afectadas, Gilberto Andrea, la juez del caso no le notificó la celebración de la audiencia en un procedimiento “totalmente irregular” y que dejó a la acusación en un “estado de indefensión grave”.

El letrado explicó a Efe que ya impugnó la decisión de la juez, que consideró desistido el recurso de amparo, y también presentó un recurso de abocamiento al caso para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por lo que dijo que el juicio no se da por cerrado y sigue su curso.

El recurso de amparo exige a varias comercializadoras de las prótesis el pago de las operaciones de extracción y reconstrucción de las mamoplastias.

El Gobierno venezolano anunció que retirará de forma gratuita las prótesis PIP a las 33.000 que se calcula que portan este implante en el país, aunque no se hará cargo de su reemplazo.

Tras detectar problemas en los implantes, el Gobierno francés recomendó el pasado 23 de diciembre la retirada de estas prótesis de forma preventiva ya que algunas contienen silicona industrial de uso no médico que incrementa el riesgo de que su funda sufra una rotura.