REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE.-"Estos centrales se han negado a incorporar empaquetadoras de un kilo y dos kilos para el consumo doméstico, y en cambio subcontratan empaquetadoras privadas que hacen más difícil el control de lo que se distribuye. Por eso, hemos instalado junto con el Indepabis y el SADA un seguimiento personalizado a las 107 empaquetadoras registradas a escala nacional", dijo el ministro de visita en Portuguesa.

Afirmó que algunas de estas empresas no cumplen con las regulaciones sanitarias y deberán ser cerradas.

"Vamos a bajar hasta ese nivel; el de las empaquetadoras, la supervisión, para asegurarnos de que no haya acaparamiento ni especulación", señaló Canán.

Con respecto al incremento de los precios de alimentos, el ministro dijo que se trató de una "adecuación respondiendo a los propios logros que ha tenido el Gobierno, como el aumento del salario mínimo desde el 1º de marzo", refiere El Nacional.

Canán reconoció que, "la adecuación" se decidió por el aumento que han registrado las materias primas e insumos para la producción de arroz blanco, pollo y azúcar. "Garantizamos que los precios publicados este martes en Gaceta Oficial son los justos, sin que haya una plusvalía excesiva", declaró.

Aclaró que todos los productos que estén en anaqueles y depósitos deberán venderse al precio que ya tienen pechado.

"Las empresas y comercios que incurran en el remarcaje de los productos que ya tienen almacenados serán sancionados muy severamente, en cumpliendo de la 'ley de Indepabis", dijo.

El gobernador de Portuguesa, Wilmar Castro Soteldo, dijo que apoyaría al despacho de Comercio en sus medidas.

Afirmó que visitó la empresa Proarepa y se reunió con sus trabajadores.

"Los empleados dijeron que en Proarepa hay cantidad de irregularidades porque la falta de pago a los proveedores impide que lleguen los insumos para producir alimentos. Hicimos visita a las plantas eléctricas de la empresa, que no funcionan bien por falta de mantenimiento, y obliga a la empresa a usar la energía normal", dijo.

Propuso que el Gobierno invertiría en la recuperación de las plantas eléctricas de Proarepa, a cambio de que ésta le dé una cuota de los alimentos que produce (arroz, aceite, harina precocida) para distribuirlo.