Edición del día Miércoles
23 de mayo de 2012
11:29 en Barquisimeto
Miércoles 1 Febrero 2012 - 07:30 La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional supervisará la ejecución de los créditos agrícolas para corroborar que estos financiamientos, que por Ley deben estar dirigidos a la producción de alimentos, se estén llevando a cabo de forma debida, así lo explicó el presidente del ente parlamentario, Ricardo Sanguino, tras la sesión ordinaria de este miércoles.
REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE.- "Vamos a comenzar con la banca pública e inmediatamente con la privada", informó al comentar el comunicado emitido por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) que da cuenta de la concentración de los créditos agrícolas en pocos productores.
El comunicado indica que 145 personas, entre naturales y jurídicas, concentran el 60,08% de los créditos agrícolas liquidados por la banca.
Dicha cifra representa tan sólo el 2% de las 7.224 entre las cuales se distribuyeron los créditos agrícolas liquidados por la banca en 2011, por un total de 36.152 millones de bolívares.
"A mi me llama la atención que hay una gran cantidad de créditos agrícolas en el Distrito Capital", expresó el parlamentario.
Ratificó que este proceso de controlaría está apegado tanto a lo establecido por la Constitución como con la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás instrumentos legales que rigen la actividad productiva nacional.
"Si bien es cierto y así la manifestó la Superintendencia de Actividades Bancarias hay un cumplimiento en cuanto a la asignación de los recursos en el área (con lo cual se cumplió el mínimo exigido de 24%) no hay información de que efectivamente esos recursos hayan sido destinados para lo cual han sido aprobados en su totalidad (...) vamos a elaborar un cronograma para ir a los lugares donde debieron haberse realizado las inversiones respectivas", explicó.
Recordó que las leyes venezolanas relacionadas con la actividad crediticia de los sectores financieros, calificada como un servicio público, establecen que el otorgamiento de créditos debe estar en correspondencia con los planes de desarrollo económico y social del país.
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